Bolivia: dos visiones opuestas del cambio social

Raul Zibechi

En los movimientos sociales bolivianos conviven, a grandes rasgos, dos miradas diferentes sobre los caminos para conseguir cambios profundos en la sociedad: quienes apuestan a que el Estado juege un papel central y los que creen que ese papel lo debe cumplir la sociedad civil organizada.

Luego de semanas en las que la realización de elecciones estuvo en duda por un litigio en torno a las bancas parlamentarias que correspondían a cada departamento, los bolivianos irán a las urnas el 18 de diciembre gracias a un decreto del presidente Eduardo Rodríguez, del 1 de noviembre, que zanja el pleito. Se trata de las primeras elecciones luego de la revuelta popular de setiembre-octubre de 2003 que terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y puso en el centro de la escena política el tema de la nacionalización de los hidrocarburos y la realización de una Asamblea Constituyente. Por primera vez en la historia de este país andino, donde más del 60% de la población se define como indígena, un indio puede ocupar al cargo de presidente.

En las pasadas elecciones presidenciales, en 2002, el embajador de los Estados Unidos, Manuel Rocha, intervino directamente en la campaña electoral al decir que “su gobierno vería con malos ojos la elección de Evo Morales” del Movimiento al Socialismo (MAS), a quien se acusó de “narco cocalero” y de “instrumento” de Hugo Chávez y Fidel Castro. En esta ocasión, la embajada de ese país optó por el silencio aunque no cabe duda que prefiere el triunfo de Jorge Tuto Quiroga, ex vicepresidente de Hugo Bánzer (dictador primero, presidente constitucional luego), o de Samuel Doria Medina, uno de los empresarios más ricos del país, ambos representantes de la derecha neoliberal aunque el segundo se presenta como centrista.

Un escenario muy complejo

El presidente que surja de las urnas tendrá que enfrentar un panorama marcado por la potencia de los movimientos sociales, que desde el año 2000 vienen poniendo en jaque a los sucesivos presidentes, al punto que dos de ellos (Sánchez de Lozada y su sucesor Carlos Mesa) no pudieron terminar sus mandatos. El Estado boliviano se asienta en una estrecha franja social y no representa a la inmensa mayoría de la población. De hecho, es un Estado colonial: mientras más del 60% de la población es india y habla sobre todo aymara y quechua, sólo los blancos y mestizos castellanizados ocupan la justicia, los ministerios, la cúpula de las fuerzas armadas, los principales cargos de la administración pública y hasta hace pocos años la casi totalidad de las bancas parlamentarias. Recién con las elecciones de 2002 ingresaron al parlamento una cantidad significativa de representantes indios: 35 diputados y senadores del MAS y seis del MIP (Movimiento Indígena Pachakutik).

Se trata de un Estado racista, tanto por su integración como por sus actitudes hacia la mayoría de la población. Es muy difícil que un indio (pobre, que no habla bien el castellano y viste a la manera tradicional) pueda ganar un juicio en los tribunales ante un blanco que domina los códigos hegemónicos en la administración y tiene recursos e influencias. De alguna manera, las sucesivas revueltas desde la “guerra del agua” del año 2000 en Cochabamba, representan la emergencia de los excluidos que pugnan por ampliar sus marcos de expresión, por consolidar sus propios espacios y hacer valer sus derechos. Para hacerse escuchar, han tenido que insurreccionarse, al precio de más de cien muertos y miles de heridos.

La potencia de los movimientos bolivianos, hoy en día los más fuertes del continente, ha forzado a las elites a dar marcha atrás y, según todos los indicios, estarían ahora dispuestas a tolerar un gobierno presidido por un indio. En efecto, las últimas encuestas revelan que Morales marcha al frente de las intenciones de voto con dos a cinco putnos de distancia sobre Quiroga. Todo indica que si el que cosecha más votos es Morales pero el parlamento no lo consagra presidente, el país se volvería ingobernable por la presión social ya que las mayorías se sentirían estafadas [1].

Aún en ese caso, si un eventual gobierno del MAS no consigue dar pasos rápidos que se concreten en la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la insatisfacción de la población le impediría mantener un mínimo de estabilidad para gobernar. Este paso choca con varias dificultades que ilustran la complejidad del escenario boliviano. La primera de ellas es el autonomismo de Santa Cruz, el departamento más rico del país, donde reside un sector de terratenientes vinculados al agrobusiness que sienten a la población india como una amenaza a sus intereses. Este sector pretende separarse del resto del país, y existen denuncias de que mantiene grupos armados dispuestos a enfrentarse al movimiento social.

Por otro lado, Brasil tiene enormes intereses en Bolivia: Petrobras controla el 25% de las reservas de gas concentradas en el departamento de Tarija, detenta el gasoducto de exportación a Brasil y las dos refinerías de petróleo que hay en el país, y controla cerca del 40% del negocio agropecuario de Santa Cruz, buena parte del mismo en manos de hacendados brasileños. Alvaro García Linera, sociólogo y candidato a la vicepresidencia por el MAS, sostiene que “Brasil tiene muchos intereses en Bolivia, es un Estado poderoso y seguramente va a buscar proteger sus intereses. Estados Unidos no tiene intereses directamente en el petróleo porque no hay empresas de ese país en esa área” [2].

El comportamiento de Brasil hacia la región deja muchas dudas ya que durante las sucesivas crisis bolivianas el asesor de Luiz Inacio Lula da Silva, Marco Aurelio García, visitó el país en dos oportunidades para asegurarse que pese a la situación de caos que imperaba el flujo de gas de Bolivia a Brasil no sería interrumpido. Ese flujo es vital para una industria como la de San Pablo, el corazón productivo del país, que depende en un 30% del gas boliviano. El mismo Lula estuvo en Bolivia poco antes del referéndum sobre los hidrocarburos de 2004, defendiendo los intereses de la empresa estatal Petrobras. En opinión de García Linera, a Brasil le interesa especialmente la estabilidad política de su vecino. “Esperamos que cuando se hable de hidrocarburos haya una actitud de no intervención, de no presión y de aceptación de la soberanía de Bolivia”, aunque en cierto momento expresó que “le tememos más a Brasil que a Estados Unidos”.

En todo caso el MAS se muestra cada vez más prudente sobre el tema: “¿Qué hacer con Petrobras, es decir con el gobierno brasileño? Debemos ser prudentes” [3]. El objetivo , al parecer, no es la nacionalización sino caminar hacia “una modificación de las relaciones donde la inversión extranjera aparezca como socia minoritaria con el Estado”, concluye [4]. Los dirigentes del MAS son conscientes del estrecho margen de maniobra en que se mueven: si deciden que el Estado boliviano recupere los hidrocarburos, se enfrentarán a las multinaciones y a las grandes potencias mundiales y regionales. Pero si no lo hacen, la población pude volver a las calles desestabilizando incluso a un gobierno presidido por un indio.

El Estado como sujeto de los cambios

El compañero de fórmula de Evo Morales fue miembro del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) en la década de 1990 y estuvo cinco años en prisión. Consecuente con su pasado, mantiene una visión de los cambios sociales en la cual el Estado es el principal protagonista, aunque hoy apuesta a que esos cambios se produzcan por la vía legal y pacífica: “Después de los acontecimientos de junio –reflexiona Alvaro García Linera-, cuando una movilizacion social obligó a la renuncia de Mesa, el país entró en un período de tregua y un proceso de electoralización de esta lucha por el poder, porque Bolivia vive desde hace cuatro años una lucha por el poder. Hay una polarización de las candidaturas que se expresa en una polarizacion de proyectos. El de Evo Morales es una propuesta de reforma, nacionalización de los hidrocarburos, redistribuir riquezas, tierras, darle al Estado un nuevo papel en la economía debilitando la inversión extranjera” [5].

Considera que no se puede comparar la experiencia del MAS con la de otros partidos del continente, porque Morales es un líder indígena en una sociedad donde éstos siempre han sido excluidos, y su candidatura apunta a algo muy radical como es la descolonización del Estado. La segunda diferencia es que el MAS no es un partido sino “una coalición flexible de movimientos sociales que ha ampliado su acción al ámbito electoral. No hay estructura, es un caudillo y movimientos y al medio no hay nada, eso hace depender al MAS de la movilización o del temperamento de los movimientos sociales”. La tercera diferencia es que la candidatura de Morales aparece en un momento de derrota moral de las posiciones neoliberales.

En opinión de García Linera, Bolivia vive un cambio social y cultural muy profundo, cuya expresión electoral consiste en que “antes los indios votaban por no indios porque se miraban a ellos mismos como no capacitados, lo que está produciendo un quiebre ideológico de la dominación”. Pero al no existir un partido sólido, surgen problemas inéditos. “¿Cómo se gobierna con movimientos sociales? Un gobierno concentra decisiones y los movimientos desconcentran la toma de decisiones. ¿Cómo conciliar Estado con movimientos? El movimiento social apetece poder pero luego se repliega en el corporativismo. El movimiento social no puede gestionar ni ocupar el Estado”, asegura. Este debate es central para un partido que ha sido formado básicamente por el movimiento de campesinos productores de hoja de coca del Chapare y recibe el apoyo de algunos de los principales movimientos del país: los mineros cooperativistas, los campesinos “regantes” de Cochabamba que hicieron la guerra del agua de 2000, el Movimiento Sin Tierra y una parte de la central campesina nacional y de las juntas vecinales de El Alto.

Como intelectual, considera que el poder no es una cosa a tomar sino una relación social que se construye en base al equilibrio de fuerzas existente. Como político, sin embargo, defiende la centralidad del Estado en la sociedad, al punto que no habría forma de eludirlo: “La Constitución y la ley son un mapa de las luchas sociales, ya que había algo de nosotros en el Estado benefactor. El Estado es a la vez dominación y resistencia. Toda lucha pasa por el Estado; incluso la lucha contra el Estado pasa por el Estado. El movimiento social se plantea resistencia contra el Estado y derechos en el Estado”. En sintonía con esta afirmación, el MAS se propone cambiar el carácter del Estado boliviano, pasando de un Estado colonial a otro democrático.

En realidad, la apuesta al Estado que está haciendo el MAS no sólo se inscribe en las tradiciones de la izquierda latinoamericana sino también en algunas características destacadas de la cultura occidental. “El Estado es lo único racional en Bolivia”, asegura García Linera. Pero va más lejos cuando señala que “el porvenir de Bolivia es lo moderno, no la economía familiar. En El Alto 60 soldados mataron a 70 personas en media hora. ¿Es posible vencer en estas condiciones? Hasta que no tengas lo moderno de tu lado no puedes triunfar. Lo premoderno no puede triunfar. Lo tradicional y lo local son frutos de la dominación. El elogio de lo local y lo tradicional es elogio de la dominación. Lo local lo fomenta el Banco Mundial”. Afirmaciones polémicas en un país donde la inmensa mayoría de la población pertenece a ese sector que denomina premoderno: economía familiar o informal.

La apuesta a la sociedad civil

Quizá la alternativa más clara a esta propueta esté surgiendo de algunos de los actores que protagonizaron la “guerra del agua” de Cochabamba, que dio origen al ciclo de protesta más importante desde la revolución de 1952. Oscar Olivera, de la Coordinadora del Agua de Cochabamba, es uno de los referentes más importantes entre quienes miran el día después de las elecciones del 18 de diciembre. A pesar de que tanto Olivera como buena parte de sus aliados brindan un apoyo más o menos crítico al MAS, sostiene que “las elecciones son una maniobra de la derecha, las transnacionales y el gobierno norteamericanao para diluir y frenar la lucha popular de estos cinco años por la nacionalización de los hidrocarburos” [6]. Pero también considera las elecciones como “un espacio de confrontación entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas populares”, por lo que cree necesario “participar en ellas” porque forman parte de “un proceso de acumulación de fuerzas que debe concluir en el próximo gobierno, esté quien esté, con la reapropiación de los recursos naturales y el fin del monopolio de la representación de los partidos”.

Sin embargo, comparte el temor de que un gobierno del MAS se limite a gestionar el Estado, buscar una mayor autonomía frente a los organismos financieros internacionales y poco más. “Eso sería fatal porque la gente quiere mucho más”, asegura. Para los movimientos, cree Olivera, el escenario puede ser muy complejo, ya que en aras de la gobernabilidad Evo Morales y el MAS pueden pretender “controlar y dirigir movimientos de gestión del agua en El Alto y Cochabamba o las tomas de tierras”. Apoya esta afirmación en que Morales sostiene que es el úncio que puede ofrecer gobernabilidad al país por las buenas relaciones que mantiene con los movimientos. Un segundo problema deriva de que “empiezan a ponerle apellidos a la nacionalización”. Ahora Morales habla de una “nacionalización responsable”, lo que en opinión de Olivera hace pensar a mucha gente que nuevamente va a ser engañada y que un gobierno del MAS se va a limitar a “administrar un aparato estatal que no funciona, en vez de apoyar las demandas por las que desde hace cinco años se viene luchando”.

Como forma de seguir potenciando el movimiento social, considerado como la clave del futuro de Bolivia, los sectores agrupados en la Asociación Nacional de Regantes y Comités de Agua potable, convocó para principios de diciembre al primer Congreso del Frente Nacional de Defensa del Agua y Servicios Básicos y de la Vida. Esta articulación de movimientos –cuya expresión más conocida es la Coordinadora del Agua de Cochabamba- agrupa ahora a algunos de los movimientos más dinámicos: la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), la Coordinadora de Juntas Vecinales de barrios periféricos de Oruro, las Cooperativas de Agua y Alcantarillado periurbanas y rurales de Santa Cruz, además de organizaciones vecinales, de regantes y cooperativas, así como comités de agua, de electricidad y de defensa de los servicios básicos de casi todos los departamentos.

Esta articulación reúne algunas de las experiencias de gestión colectivas más interensantes, aunque no han tenido difusión mediática: la de Oruro y la de Santa Cruz, la primera es una tradicional ciudad minera y la segunda es el centro económico más dinámico del país, donde se registra una fuerte emigración rural e indígena. En ambas ciudades el Estado no cubre los servicios mínimos de la población más pobre.

La coordinadora de juntas vecinales periurbanas de Oruro es la fuerza social más importante del Altiplano, según Olivera, “que ha creado formas autónomas de gestión para dotarse de agua y recoger basura y eliminar los deshechos al margen del municipio, conectan la electricidad legítimamente y ejercen autonomía. Esto es algo nuevo, que han realizado sin asesores ni expertos, diría que es una experiencia más profunda que en El Alto, aunque no tan politizada”. Las organizaciones de base de Oruro estructuran una nueva forma de relacionamiento social y de relaciones económicas, en barrios periféricos donde el Estado está ausente. Con el nombre de Coordinadora, emulan la experiencia de Cochabamba y a su vez establecen una fuerte relación con las que ahora confluyen en el Frente Nacional.

En la zona de Oriente, existen desde hace décadas en la ciudad de Santa Cruz cooperativas de agua de barrios periurbanos que hicieron sus pozos colectivamente. A diferencia de Cochabamba, donde cada cooperativa tiene decenas o unos pocos cientos de familias, en Santa Cruz oscilan entre las 6 y las 15 mil conexiones, abarcando casi un millón de usuarios. Ahora decidieron luchar no sólo por el agua sino también por los servicios básicos como la energía eléctrica, el gas, la basura y la contaminación de los ríos. En Bolivia, constata Olivera, “existe todo un modelo de gestión del agua descentralizado gestionado por los vecinos. Ese modelo se está expandiendo. Esas viejas cooperativas de hace 20 años en el Oriente, en las zonas perirubanas de Santa Cruz, han generado un cambio muy fuerte en las relaciones sociales en esa ciudad y en la región. A tal punto que una de las bases más importantes del Frente Nacional está en Santa Cruz”.

La idea de articular todas estas experiencias de gestión colectiva y comunitaria surgió un año atrás y está centrada en las alternativas al modelo público y privado (ambos tiene en común su carácter centralizador que niega la participación social), que en los hechos ya están funcionando. En casi todos los casos tienen demandas políticas, como la de no pagar algunos impuestos como hacen las cooperativas del Oriente, en tanto otros piden gas domiciliario y en casi todos exigen cambiar las leyes de electricidad y agua potable. “Le estamos diciendo al próximo gobierno que estamos creando un movimiento, un frente politico social no partidario que recoge las necesidades más vitales de la gente, en la perspectiva de una transformación muy profunda en las relaciones de poder , en las relaciones sociales y la forma de gestión del agua, la luz, la basura”, concluye Olivera.

Un futuro incierto

El debate sobre las opciones de largo plazo de los movimientos sociales cobra especial importancia ante la posibilidad de que Morales se convierta en presidente. Según todos los pronósticos, será un gobierno maniatado cuya gobernabilidad estará cuestionada ante cada paso que intente dar. El Senado estará en manos de la derecha, en la cámara de Diputados deberá hacer alianzas y es muy problable que no consiga ninguna de las nueve gobernaciones en juego. Ante este panorama, el director del CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales) de Santa Cruz, Carlos Romero, reflexiona que “quien controle el poder político desde las regiones, con demandas autonómicas en varias de ellas, puede inviabilizar la gestión del gobierno central, especialmente si gana el MAS, implementando una suerte de cerco regionalista sobre el poder central” [7].

La opción político-electoral del MAS fue darle gran visibilidad a Evo Morales a costa de bajar el perfil de todos los demás candidatos, “descuidando prefectos (gobernadores) y diputados uninominales, y este error se hace patente en cada rincón del país”, sostiene Mario Ronald Durán, ex dirigente universitario [8]. Ante este sombrío panorama, se pregunta: “En estas condiciones, ¿es prudente que el MAS sea gobierno?”. El cuestionamiento no es ocioso, toda vez que la experiencia regional, muy en particular la del PT y Lula en Brasil, muestra los costos de ser gobierno sin apoyos institucionales sólidos. Pero en Bolivia esto es mucho más grave aún, ya que a diferencia de lo sucedido con el PT y el Frente Amplio de Uruguay (que llegaron a la presidencia luego de haber gobernado los más importantes municipios y estados del país), el MAS no cuenta ni siquiera con experiencia en el manejo de los asuntos institucionales, en un Estado donde los funcionarios serán una pesada carga colonial capaz de neutralizar cualquier decisión del poder Ejecutivo.

Si el profundo ciclo de protesta que se registró en Bolivia entre 2000 y 2005 (cuyo pico fue octubre de 2003) ha llegado a su fin, la apuesta por reagrupar fuerzas en y desde las bases que formula Olivera, parece la más realista y acertada. En estos años los movimientos han sido capaces de desestructurar aspectos esenciales del orden dominante, pero su “energía estructurante” se limita a espacios acotados en algunas regiones como la aymara, y quizá otras, así como en sectores urbanos de ciudades como El Alto [9]. Sin embargo, el despliegue de esa capacidad de hacer de los movimientos, que ha sido suficiente para derribar gobiernos e impedir decisiones antipopulares, no fue capaz de darle forma a alternativas de gobierno que abarquen todo el país.

Así las cosas, lo importante para los movimientos parece consistir en cómo seguir creciendo en una situación muy adversa, que puede oscilar entre los intentos de cooptación y división desde el Estado hasta formas diversas y complejas de represión, ya sea desde el mismo Estado o desde organizaciones civiles como las de la derecha autonomista de Santa Cruz. En todo caso, ese crecimiento pasará –como ya lo están mostrando las experiencias que se articulan en el Frente de Defensa del Agua, los Servicios Básicos y la Vida- por el interior de los nuevos actores; una suerte de “crecimiento interior” que busque profundizar experiencias de control colectivo de la producción y reproducción de la vida. Este fue el camino que le permitió al movimiento social boliviano, a fines de los años 90, dar un espectacular salto adelante. Pero es, sin embargo, un proceso que –como la construcción de la autonomía zapatista o el “viaje” a las ciudades de los sin tierra brasileños- transcurre fuera de la visibilidad de los grandes medios.

Notas
1. En caso de que ninguno de los candidatos alcance el 50% de los votos, corresponde al parlamento elegir al presidente entre los dos más votados.
2. Entrevista personal a Alvaro García Linera, Niteroi, 15 de octubre de 2005.
3. Maurice Lemoine, Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, noviembre de 2005.
4. Entrevista a Alvaro García Linera.
5. Idem. En adelante todas las citas pertenecen a esta entrevista.
6. Entrevista personal a Oscar Olivera, Montevideo, 27 de octubre de 2005. En adelante las citas pertenecen a esta entrevista.
7. Pablo Stefanoni en Le Monde Diplomatique, La Paz, noviembre 2005.
8. “Evo y la gobernabilidad” en www.rebelion.org
9. Sobre el tema, Raquel Gutiérrez Aguilar, “Bolivia: reflexiones para y desde el porvenir”, 2005, inédito.

Por www.lafogata.com . Raul Zibechi es colaborador con el IRC Programa de las Américas




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